En el escenario latinoamericano actual, la soberanía ha dejado de ser solo un concepto jurídico para convertirse en una urgencia política y ética. La pregunta por quién decide el rumbo de los países —sus economías, sus modelos de desarrollo y su política exterior— vuelve a estar en el centro del debate. En Colombia, este tema adquiere relevancia a la luz de las recientes tensiones con Estados Unidos y de los riesgos que implica cualquier forma de intervención externa.

Desde la teoría política clásica, Jean Bodin, en Los seis libros de la República (1576), definió la soberanía como “el poder absoluto y perpetuo de una república”, subrayando que no puede dividirse sin perder su esencia. Más adelante, Thomas Hobbes, en Leviatán (1651), sostuvo que la soberanía es el poder necesario para garantizar la paz y evitar la guerra de todos contra todos. En una clave profundamente democrática, Jean-Jacques Rousseau, en El contrato social (1762), recordó que la soberanía reside en la voluntad general y que el pueblo es su titular último, no los gobernantes.

En América Latina, esta discusión se vuelve concreta y vital. Simón Bolívar, en la Carta de Jamaica (1815) y el Discurso de Angostura (1819), insistió en que la independencia no era solo separación formal de potencias coloniales, sino la posibilidad real de los pueblos de gobernarse a sí mismos. José Martí, en Nuestra América (1891), advirtió sobre nuevas formas de dominación económica y cultural que podían amenazar la soberanía regional incluso después de la independencia política. Más recientemente, Boaventura de Sousa Santos, en Epistemologías del Sur, ha señalado que los colonialismos contemporáneos se expresan en presiones económicas, militares y mediáticas que intentan limitar la autodeterminación de los pueblos.

El Estado colombiano se sostiene sobre tres pilares fundamentales: población, territorio y soberanía. Estos elementos no son simples definiciones de manual, sino la base real de la democracia y del ejercicio de los derechos humanos. Cuando la soberanía se ve amenazada, se vulnera también el derecho a la autodeterminación de los pueblos, reconocido tanto por el pensamiento político clásico como por el derecho internacional contemporáneo.

En este contexto, resulta indispensable rechazar los actos de guerra, presión e intimidación ejercidos por Estados Unidos hacia distintos países del mundo. Las amenazas de intervención militar, las sanciones unilaterales y la injerencia en asuntos internos desconocen el principio de soberanía que autores como Bodin, Hobbes y Rousseau situaron en el centro de la organización política. La reciente intervención en Venezuela se inscribe en esta lógica y constituye una alerta para toda la región: ninguna acción que viole la soberanía de un país puede justificarse en nombre de la democracia.

Desde una perspectiva de derechos humanos, la postura es clara: rechazamos toda forma de intervención que atente contra la soberanía de Colombia o de cualquier pueblo hermano. La guerra nunca es neutra; sus impactos recaen sobre comunidades, mujeres, jóvenes, campesinos y poblaciones empobrecidas. Defender la soberanía es, por tanto, defender la vida, la dignidad y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino.

Hoy Colombia necesita una ciudadanía informada, crítica y consciente de que la soberanía no es solo un símbolo, sino una práctica cotidiana de participación y vigilancia del poder. Como recordó Rousseau, el pueblo no solo es origen de la soberanía: es su custodio. Y como enseñaron Bolívar y Martí, la independencia no se hereda, se ejerce y se defiende.

En tiempos de presiones geopolíticas y discursos de guerra, la apuesta debe ser inequívoca: paz, autodeterminación y derechos humanos. La soberanía no se negocia ni se subordina a intereses externos; se fundamenta en el respeto entre los pueblos y en la voz de la ciudadanía que exige decidir su propio futuro.